Cañizares ve difícil recurrir el fallo del callejero de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reconocido este miércoles las dificultades que existen para recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que obliga al Ayuntamiento a recuperar cinco antiguas denominaciones del callejero de la ciudad. La resolución, dictada en segunda instancia, se basa en pronunciamientos previos del alto tribunal, lo que complica cualquier recurso y podría generar nuevos costes para las arcas municipales.

Un fallo basado en precedentes del Supremo

La sentencia, que ya es firme en segunda instancia, obliga al Consistorio a restablecer los nombres de cinco calles que fueron modificados durante el mandato anterior. Según ha explicado Cañizares, los argumentos jurídicos empleados por el tribunal se apoyan en doctrina ya establecida por el Tribunal Supremo, lo que reduce las posibilidades de éxito de un eventual recurso. Además, el alcalde ha señalado que cualquier nuevo procedimiento judicial implicaría un desembolso económico adicional que el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir.

Acusaciones de sectarismo al PSOE

En sus declaraciones, Cañizares ha cargado contra el PSOE, a quien acusa de haber causado perjuicios a la ciudad por “sectarismo”. El regidor ha criticado que la oposición haya llevado el asunto a los tribunales en lugar de buscar un acuerdo político, lo que, a su juicio, ha generado una situación de incertidumbre y ha obligado al Ayuntamiento a destinar recursos a un pleito que podría haberse evitado. “El sectarismo del PSOE nos ha llevado a esta situación, perjudicando a todos los ciudadanos”, ha afirmado.

Implicaciones para el callejero de Ciudad Real

La sentencia afecta a cinco vías públicas cuyos nombres fueron cambiados en 2021, durante el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. El fallo ordena restituir las denominaciones anteriores, que incluían referencias a figuras vinculadas con la dictadura franquista, como calles dedicadas a generales o fechas del régimen. La decisión judicial se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que insta a eliminar símbolos y nombres que exalten la dictadura.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, deberá ahora decidir si acata la sentencia o explora las escasas vías de recurso que aún quedan. Mientras tanto, la oposición socialista ha defendido su actuación y ha instado al equipo de gobierno a cumplir la ley sin dilaciones.

¿Qué pasa ahora?

El Consistorio tiene un plazo para ejecutar la sentencia, que incluye la reposición de los nombres originales en el callejero. Cañizares no ha descartado del todo un recurso, pero ha admitido que las posibilidades son limitadas. La decisión final dependerá de los informes jurídicos que encargue el Ayuntamiento. Mientras, la polémica política sigue abierta en la capital manchega.